Según Infobae, las causas judiciales apuntan a referentes de movimientos sociales que exigían marchas, aportes y participación en actos políticos para conservar la ayuda estatal. Además, se encontraron alimentos vencidos que no llegaron a los comedores. Frente a este escenario, la administración nacional implementó un nuevo esquema de asistencia directa.

El programa Potenciar Trabajo fue reemplazado por dos nuevos esquemas sociales sin participación de movimientos u organizaciones intermedias, luego de que se documentaran múltiples hechos de coacción, extorsión y manejo discrecional de los recursos.

En los expedientes judiciales se verificaron denuncias por parte de beneficiarios que afirmaron haber sido obligados a participar en marchas, entregar parte del subsidio o someterse a listas de asistencia bajo la amenaza de perder el plan. Entre las pruebas figuran llamadas y audios remitidos a la línea 134. 

El rediseño del sistema busca garantizar que los fondos estatales para asistencia social sean transferidos directamente al beneficiario, sin intermediarios que controlen el acceso o el uso, de modo de evitar redes clientelares.

Desde la cartera de Capital Humano se señaló que menos del 2% de los participantes del antiguo programa logró empleo formal y que las irregularidades constatadas motivaron la medida para “optimizar la estrategia de inclusión”.