La SRA cuestionó el proyecto de Ley Fiscal que el Gobierno bonaerense envió a la Legislatura y advirtió que la propuesta dejó en manos del Poder Ejecutivo facultades clave sobre el Impuesto Inmobiliario Rural. Según la entidad, esta delegación generó incertidumbre y puso en riesgo la previsibilidad que necesitan los productores para planificar su actividad.

El planteo se centró especialmente en el Artículo 133, que habilitó al Ejecutivo a intervenir en las valuaciones sin criterios consensuados ni un plan de revalúo definido. Para la SRA, la ausencia de una hoja de ruta discutida con instituciones locales y representantes del sector abre la puerta a decisiones discrecionales que pueden afectar la competitividad del campo bonaerense.

Además, el Artículo 167 permitió modificar durante el ejercicio fiscal las cuotas no vencidas del impuesto, una medida que, según los productores, complica aún más la organización financiera en un año marcado por emergencias hídricas y miles de hectáreas bajo agua. A esto se sumó un esquema de bonificaciones con definiciones abiertas y sin porcentajes fijados por ley, lo que profundizó el malestar.

En este contexto, la SRA remarcó que el Gobierno provincial debería priorizar obras de infraestructura y alivios fiscales, especialmente cuando los productores aún enfrentan la carga de la Ley Fiscal aprobada en 2023 y prorrogada en 2024 con adicionales extraordinarios. Por eso, exigieron que la Legislatura asuma su responsabilidad y establezca por ley criterios claros, límites y alcances del tributo, evitando nuevas delegaciones al Ejecutivo que, afirman, generan inseguridad normativa.