El productor rural al que le sustrajeron más de mil animales por presunto abigeato manifestó que cuenta con toda la documentación legal que respalda la propiedad de su hacienda.
El sector ganadero se encuentra siguiendo de cerca una disputa legal que involucra a un importante establecimiento de engorde a corral tras un operativo de gran magnitud. El feedlotero al que le incautaron 1060 vacas puso en duda la legitimidad del operativo policial, asegurando que se trató de un procedimiento arbitrario y cargado de errores administrativos. El empresario rural manifestó que los animales poseen las marcas y señales reglamentarias y que los guías de traslado se encuentran debidamente registrados en el sistema oficial del SENASA. Según su relato, la policía actuó de manera prepotente basándose en una denuncia anónima que no tenía fundamentos reales sobre el origen de los bovinos. La situación ha generado una gran tensión en la zona, ya que el traslado masivo de los animales puso en riesgo su sanidad y bienestar físico debido a las altas temperaturas. El productor presentó un amparo judicial para frenar la subasta o el movimiento de la hacienda hasta que se verifique la titularidad de cada cabeza de ganado. Por su parte, las fuerzas de seguridad insisten en que existían inconsistencias en los registros de ingresos del establecimiento. Este caso ha puesto en alerta a las asociaciones de productores rurales, quienes reclaman mayores garantías legales para evitar abusos de autoridad en los controles de rutina que se realizan en las rutas provinciales.





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