Un nuevo capítulo en la historia de conflictividad del sector yerbatero se escribió este jueves en la Cámara de Diputados, cuando representantes de la industria comparecieron para discutir la orientación regulatoria que debería adoptar el país.

Los productores primarios llegaron con una demanda precisa: que el Instituto Nacional de la Yerba Mate retome un rol protagónico en la regulación de precios y oferta. Argumentaron que enfrentan una situación de vulnerabilidad económica agravada por la ausencia de mecanismos de protección efectivos. Para este sector, la intervención estatal es sinónimo de equidad en la cadena de valor.

Los molineros presentaron una lectura completamente distinta de la realidad sectorial. Plantearon que la desregulación permitiría dinamizar la industria, aumentar la productividad y expandirse hacia mercados externos. Consideran que las normas actuales actúan como obstáculos para el desarrollo empresarial y la innovación tecnológica en el procesamiento de la yerba.

Esta divergencia refleja tensiones que vienen acumulándose hace tiempo dentro de la actividad. Mientras los cultivadores buscan garantías de rentabilidad, los transformadores reclaman libertad operativa. Ambos sectores apelan al Estado, pero con demandas prácticamente irreconciliables.

El encuentro parlamentario mostró una industria fragmentada en sus objetivos. Los legisladores que presenciaron los testimonios enfrentan ahora el desafío de tomar decisiones que no satisfarán plenamente a todas las partes. Sin embargo, resulta fundamental que cualquier medida que se implemente considere el impacto en el empleo rural y la sostenibilidad de comunidades enteras que dependen de la yerba mate.

La importancia del sector en provincias como Misiones y Corrientes no debe minimizarse. Estas regiones requieren políticas públicas que contemplen los intereses de toda la cadena, evitando decisiones que beneficien a unos pocos mientras perjudican a muchos otros.

Imagen: MIchal Warzecha / Unsplash – Con informacion de Clarín Rural